Profesionales en derecho deben mejorar calidad de sus servicios

Profesionales en derecho deben mejorar calidad de sus servicios
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En el Senado de la República concluyó el segundo día de audiencias públicas para analizar la reforma sobre colegiación y certificación de los profesionales del derecho, organizada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

En la reunión con representantes de autoridades federales y locales, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, señaló que estos trabajos permitirán establecer un piso mínimo constitucional en materia de colegiación y certificación de los profesionales del derecho, con la creación de una ley federal que defina de manera puntual y otorgue congruencia a este ejercicio.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, dijo que estos diálogos permitirán recopilar la información y argumentos necesarios para fortalecer los trabajos legislativos en materia de colegiación, así como definir con puntualidad la calidad que debe caracterizar a los servicios profesionales del derecho.

Al iniciar las exposiciones, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, advirtió que actualmente no hay una distinción entre el proceso educativo, de formación, y la obtención de cualidades para el desempeño de la actividad profesional de una persona que ha culminado sus estudios jurídicos.

En México no existe una garantía que asegure al usuario de los servicios jurídicos que los abogados están actuando bajo los más altos estándares de calidad técnica y ética, ni que permita la adecuada rendición de cuentas por parte de ellos, “por eso resultan atinadas estas audiencias, ya que permiten reflexionar sobre las causas, beneficios y retos para elevar los estándares del ejercicio profesional en el más alto nivel”.

El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan, señaló que México tiene características específicas que requieren de un análisis muy detallado en la aplicación de la colegiación, pues “sería absurdo avanzar en un esquema sin darle congruencia a los planes de estudio y la cedula profesional”.

Es indispensable la creación de una política integral en materia de colegiación, a fin de asegurar normas que integren a los profesionistas, “en este sentido, colegios, universidades, instituciones de educación superior y ciudadanía cuentan con al apoyo de la Secretaría de Gobernación para avanzar en la consolidación de un proyecto que mejore la calidad de los servicios profesionales”.

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El director de Enlace y Coordinación Educativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jonathan Sandoval Valderrama aseguró que en caso de no establecerse con toda puntualidad los actores que intervienen en la certificación y su ámbito de responsabilidad, esta posee un amplio potencial de corrupción, por ello es indispensable garantizar objetividad, transparencia, imparcialidad en su funcionamiento.

Existe un riesgo de convertir a los colegios en juez y parte durante la emisión de una certificación, lo que puede generar conflictos de interés; por ello es recomendable que los organismos certificadores deben ser instancias independientes, autónomas y nacionales.

Baruch Delgado Carbajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, hizo notar que la colegiación y certificación de los profesionales del derecho contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho, al respeto a las garantías fundamentales y a la paz social.

Consideró que aportará medidas de vanguardia para la unificación y armonización de criterios de calidad y eficacia en el ejercicio profesional.

Sergio Javier Medina Peñaloza, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, aseguró que la colegiación obligatoria es un instrumento fundamental y una herramienta idónea para mantener estándares de profesionalismo, a través de una evaluación periódica de conocimientos.

Además, agregó, posibilita que los colegios e institutos adquieran una personalidad jurídica y se les dote de atribuciones legales. Tratándose de justicia penal, la reforma adquiere un papel relevante, pues se faculta al juez para determinar la incapacidad técnica de algún abogado que no se encuentre certificado, apuntó.