Vendedores ambulantes quieren identidad jurídica en la Constitución

Vendedores ambulantes quieren identidad jurídica en la Constitución
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La legisladora María Rosete Sánchez (PES) planteó la necesidad de incluir en la Constitución Política la figura de los vendedores ambulantes a fin de garantizar sus derechos humanos y laborales, sobre todo por la emergencia sanitaria que atraviesa el país causada por el Covid-19, y que mermará la economía del país.

A través de un mensaje, la legisladora llamó al Presidente de la República a escuchar las peticiones del comercio informal, que se conforma de casi 31.3 millones de mexicanos.

“Ese número de personas no va a dejar de trabajar. Hay una máxima que dice: es más grande el hambre que la necesidad. Ante esta situación planteamos en un mensaje al Presidente que las alternativas deben de ser de fondo; es momento de legislar para que transiten de la informalidad a la formalidad”.

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Rosete Sánchez puso como ejemplo el caso de la India, en donde hubo un reconocimiento constitucional a estos trabajadores y se ha logrado un avance en el combate a la pobreza. “De un grado de pobreza muy grande, hoy casi la mitad de su población trascendió a clase media”.

Puntualizó que las consecuencias económicas globales que provocará la pandemia del Covid-19 serán catastróficas.

El comercio informal va a sobrevivir, “pero será muy difícil recuperarse económicamente, pues está quedando en la vulnerabilidad, y la inseguridad podría apoderarse aún más de este país”.

La diputada dijo que este sector ha sido totalmente excluido, pese a que se estima que la informalidad representa un poco más de 4 billones de pesos.

Pidió un acercamiento con las secretarías de Economía y la de Trabajo y Previsión Social para que se escuchen y analicen los planteamientos del sector.

Explicó que su iniciativa pretende modificar los artículos 5, 25 y 123 de la Constitución, a fin de que se reconozca la figura del trabajador en espacio público.

Asimismo, se dé certeza de que el régimen jurídico que se ejerza sobre este sector sea a través de la Ley Federal del Trabajo.

Abundó que contempla el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes, que generan el 23% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se le dará oportunidad a este sector de participar, junto con los gobiernos y la iniciativa privada, en la generación de empleos formales que demanda la población y para el Estado, significarían mayores ingresos al erario”.

Con la inclusión de los trabajadores en el espacio público en procesos formales, las ciudades podrán incrementar su productividad económica, agregó.